Ideología, sentido común e investigación: discursos para el modelo

La necesidad de construir discurso para la construcción política de un proyecto nacional y popular es algo  que cualquier tipo formado en política hace. Pero en este caso propongo sumar a esto el aporte de la ciencia, de la investigación. Y no es nuevo ni original. Se trata de decir lo mismo que venimos diciendo, sostener nuestros principios e ideales, pero con el apoyo de datos veraces, irrebatibles, que puedan oponerse a discursos retrógrados y oscurantistas, que no tienen más argumento que el sentido común o lo ideológico (y ojo que no menosprecio ni lo uno ni lo otro, por el contrario, les reconozco una fuerza histórica y social que difícilmente el conocimiento científico pueda siquiera igualar).

Ahora bien, ¿por qué es necesario sumar más investigación a la construcción de discurso político?

Porque desde lo ideológico y desde el sentido común podemos sostener discusiones interminables, que sumen a iguales y/o semi-convencidos, pero que difícilmente convenzan a otros.

Desde lo ideológico puedo decir, por ejemplo, que a los más pobres hay que llegarles con políticas que les permitan tomar las mejores decisiones para su vida -cosa que creo van a hacer-, entonces les hago llegar asignaciones en efectivo. Desde otra postura (también ideológica) puedo decir que hay que asistirlos con políticas, pero que no les dejen posibilidad de elección, porque supongo que seguro van a elegir mal (por “algo son pobres”, se dirán). Entonces planifico la llegada de víveres, o una tarjeta que restrinja los consumos a lo que creo que necesitan los pobres, tal como propuso el candidato a vice-presidente de un partido centenario, reconocido economista además.

También desde un sentido común puedo sostener posturas divergentes: puedo decir que, obviamente, si alguien que hace tiempo no dispone de dinero en efectivo, mediante una política empieza a disponer de él, entonces va a comprar las cosas que más necesiten él y su familia. También desde otro sentido común, puedo sostener que, obviamente, estos sectores pobres -depositarios de todos los vicios- van a destinar este dinero nuevo al uso de drogas y a las apuestas, tal como sostuvo un ex candidato a presidente y senador por el mismo partido centenario.

Estas construcciones son discutibles, pero en el mismo terreno en el que son planteados: la ideología o el sentido común. Y la población se va a dividir entre una y otra afirmación, sin que una pueda sostenerse como mejor que la otra.

El aporte de la investigación es el que puede volcar la razón (desde lo empírico) hacia el mejor argumento. Desde la investigación podemos afirmar, por ejemplo, que cuando alguien que no manejaba dinero empieza a manejarlo, con esa (mínima) nueva entrada de efectivo optimiza sus decisiones, y elige lo mejor posible, dentro de su rango de opción. Y esto lo podemos comprobar con datos, y lo puede comprobar cualquiera que desee reconstruir el camino de la investigación, es comprobable también por otros.

Por eso este post propone la investigación como militancia, como parte de la construcción del discurso que sustenta el modelo,  porque demuestra cuáles son las diferencias que nos hacen la mejor opción.

Porque ya es hora de blanquear que la ciencia también es política, que construye o destruye modelos de sociedad, y que nadie hace investigación desde la neutralidad.

Por eso, sumar a la discusión el aporte de la investigación fortalece la construcción ideológica del sentido común, el que sustenta el modelo Nacional y Popular.

Es más, creo que los investigadores comprometidos con la construcción de este modelo tenemos la responsabilidad (por no decir la obligación) de aportarle datos consistentes a todos los compañeros que den la discusión, sean del campo que sean.

Dicho en otras palabras, es necesario sumar clara y abiertamente el aporte de la investigación social a la “batalla cultural”, que no es otra cosa que un enfrentamiento de “sentidos comunes”.

La Asignación Universal por Hijo y los nuevos futuros

La AUH (Asignación Universal por Hijo) es sin dudas una política con muy altos efectos positivos sobre el ingreso y el consumo de los más pobres. Eso es lo que muestran todas las estadísticas y números que analizan el impacto que está teniendo entre las familias que la reciben.

No obstante, hay efectos que no se miden en números, pero son también muy fuertes y con un impacto social muy significativo.

Una de las cosas más fuertes que aparecen, por ejemplo, es la posibilidad de planificar gastos, que se asocia a su vez a postergar consumos o tomar créditos.

Y por qué digo que es una de las cosas más fuertes? Me ayuda la información cualitativa de una investigación que está realizando un grupo de antropólogos, economistas y sociólogos, sobre la que me podés pedir información, y pronto encontrarás parte de los informes en este blog.

Algo que parece mínimo, como es cobrar en forma mensual fija y en efectivo, tiene efectos muy significativos en las representaciones de las familias. Veamos…

Personas y grupos familiares, que no tienen ingresos fijos desde hace años, empiezan ahora a entender que se puede planificar, por ejemplo gastar en una cena especial, un juguete, una ropa, una salida, un festejo. Esto implica que se espera a cobrar para comprar algo que se desea o se necesita, fundamentalmente eso: se espera.

Y alguien que puede esperar, es alguien que tiene futuro: un futuro que antes no existía, y obligaba a consumir, gastar lo que se tuviera a mano ya, comer ahora, tener ahora, en el momento, porque mañana quién sabe…

Hay mamás que cuentan que “se metieron” en un crédito por primera vez, y se compraron la cocina, o la heladera, o una cama. Y que por primera vez tuvieron que organizar el gasto y la plata, porque todos los meses había que pagar la cuota.

Otras mamás nos dicen que cuando cobran, hacen una salida con los chicos, que antes no se podía porque siempre había algo urgente que comprar, y nunca se sabía cuándo volverían a tener dinero.

Otras mamás cuentan sus planes de compras futuras, planes que hablan de un futuro chiquito, cercano, pero futuro al fin.

Eduardo Galeano hablaba del “derecho de soñar” como aquél del que bebían todos los otros derechos, y sin embargo ausente de todas las convenciones y listas de derechos consagrados.

Y para recuperar los sueños, es necesario, primero y antes que nada, recuperar el futuro.

Parece que vamos en camino.

Macri y su definición de "ciudadanía"

En este blog hablamos de la distribución desigual de la ciudadanía y de los derechos/obligaciones que esta implica, como se explica en la presentación.

Si bien la condición de ciudadanía siempre es desigual, hay modelos y gobiernos que reconocen esta desigualdad pero trabajan en pos de reducirla, y otros que legitiman esta desigualdad de manera tan burda que no caben dudas respecto del tipo de ciudadanía que promueven.

Hay gobiernos que necesitan reconocer la desigualdad para intervenir en ella, con la idea de promover la justicia social, porque no hay forma de trabajar para reducir la desigualdad si primero no se la reconoce. Y entonces, si el modelo de Estado apunta a garantizar los derechos ciudadanos de manera cada vez más justa, se decide cómo y sobre qué cuestiones operar, diseñando e implementando políticas públicas en ese sentido.

Ahora, también hay gobiernos que reconocen la desigualdad, pero para legitimarla.

Está claro que desde su gobierno en el Ciudad de Buenos Aires tanto Macri como sus funcionarios hacen gala de una definición de desigualdad que establece distintos derechos de ciudadanía.

Hemos escuchado, por ejemplo, sus caracterizaciones de las poblaciones inmigrantes “descontroladas” que vienen a “ocupar terrenos”. También es tristemente recordada la declaración sobre la utilización que hacen los bonaerenses de los hospitales y las escuelas de la ciudad (organismos públicos, por cierto) transportando con ellos la “inseguridad”.

A estas alturas, ya no debe ser necesario aclarar porqué Macri necesita reconocer la desigualdad: porque la desigualdad (social, económica, étnica, etc.) justifica y legitima, a su entender, discriminar en el acceso a derechos ciudadanos. Dicho en otras palabras, su lema de campaña "Vos sos bienvenido" no aplica si sos pobre, cabecita negra, niño, joven o habitante de otra porción del suelo argentino o sudamericano que no sea la Ciudad de Buenos Aires. La definición de "ciudadano" que maneja Macri deja a todos estos sujetos por fuera de los derechos (que por suerte están consagrados en la Constitución, aunque Macri parece que nunca la ha leido…) 

Evidentemente la diversidad "Mauricio" la reserva sólo para los colores de sus afiches de campaña. La diversidad social y económica, en sus propias palabras, conspira contra el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Para quienes creemos en la justicia social, los derechos son de todos. Y la obligación de cada ciudadano, y más aún de quienes ejercen funciones públicas, es generar políticas que distribuyan cada vez mejor esos derechos, hasta que la desigualdad vaya desapareciendo. Y en eso trabajamos todos los días, desde el lugar que nos toque.

 

II Jornadas de Política, Educación y Derechos Humanos 

La responsabilidad social y política de la Universidad en Argentina y América Latina

27, 28 y 19 de Abril. 

Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento

Objetivo de las Jornadas: Difundir la labor realizada en el marco del voluntariado Política y Derechos Humanos en la Escuela, tanto así como el intercambio de experiencias relacionadas con la enseñanza de los Derechos Humanos en el ámbito escolar.

Contacto:

politicaenlaescuela@ungs.edu.ar

politicaenlaescuela@gmail.com

www.politicaenlaescuela.blogspot.com

http://www.idealist.org/if/i/es/av/Org/208335-116 

Nilda Garré: "civilizando" al ciudadano

Las noticias sobre las escuelas secundarias que maneja el Estado son frecuentes en los medios de comunicación. Sobre todo aquellas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Sobre ellas se conocen los conflictos y reclamos estudiantiles, las demandas salariales y de infraestructura, los planteos sobre la calidad de los aprendizajes, las discusiones sobre los cambios marcados por las políticas educativas, etc.

Pero hay un grupo de escuelas secundarias -que también pertenecen al Estado- sobre las que muy poco se sabe y se escucha: los liceos militares.

Tal vez porque están bajo la órbita del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Educación; tal vez porque son pocos (suman un total de 16 repartidos por todo el país), tal vez porque sus tradiciones mantienen los sucesos paredes adentro, pero el caso es que poco y nada sabemos de ellos quienes no formamos parte de su comunidad educativa.

Pero en el marco de lo que llamamos la “batalla cultural” hay cosas que adquieren importancia simbólica, y merecerían ser noticia con mucha más fuerza que las escasas menciones que reciben. Por ejemplo, pocos saben que desde que asumió el Ministerio de Defensa Nilda Garré, los Liceos Militares iniciaron una ardua y profunda reforma en su currículum, y por ende en sus materias.

Reforma ardua porque el cambio que propone toca las raíces y tradiciones más arraigadas de la formación militar: basta recordar que los Liceos son conducidos por coroneles o grados similiares, y que sus egresados, en una gran proporción, continúan la carrera militar. Reforma profunda porque se propone desde una concepción política y un modelo de Estado donde las fuerzas armadas tienen un lugar nuevo.

Una de las modificaciones más significativas haya sido tal vez sacar la materia RELIGIÓN, que aún era una materia obligatoria y dejarla como optativa, fuera de la caja horaria.

En su lugar aparece una nueva materia, que se llama nada más y nada menos que PROBLEMÁTICAS CIUDADANAS EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA.

Esta materia es obligatoria en los cinco años de los liceos, y se basa fuertemente en la materia Construcción de Ciudadanía, implementada en la Provincia de Buenos Aires.

Pero no sólo es contundente que esta nueva materia esté en el lugar de materia obligatoria que ocupaba religión. Tiene otras cuestiones que merecen destacarse.

Su enfoque sostiene que los jóvenes deben aprender la ciudadanía como práctica política, porque son sujetos de derecho en una sociedad democrática.

La participación democrática, la organización, el debate, los canales de vínculos con el Estado, la sexualidad, el mundo del trabajo, el ambiente, la comunicación, la salud, todos son contenidos a trabajar en esta materia, en tanto son espacios sociales por donde es posible transitar prácticas ciudadanas juveniles. Y todo se aprende a partir de proyectos, que los jóvenes llevan adelante desde la elaboración hasta la evaluación.

Dos premisas surgen mirando esta incipiente y trabajosa reforma: primero, que se aprende a ser un ciudadano democrático siéndolo efectivamente. Y segundo, pero no menos importante, la ciudadanía empieza por casa.

Bienvenida la reforma impulsada por Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, que continúa su curso con la nueva conducción, que implica necesariamente "civilizar" (en el sentido de acercar al ámbito civil) a los liceos militares.

Es de esperar –como todo parece indicarlo- que las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad sigan el mismo camino.

Biblia y pizarrón: educación sexual y ciudadanía.

"Cuerpos Dóciles". Susana Di Pietro, artista e investigadora en educación

La Ley 1420, que data de 1884 estableció que la educación primaria argentina sería obligatoria, gratuita y laica, cerrando formalmente una discusión con los partidarios de la educación “libre” , que  querían incluir la religión como parte de la educación común. La educación religiosa quedaba así en la decisión de los padres, y se impartiría fuera del horario escolar, o sea fuera de la obligatoriedad.

No obstante, gracias a la autonomía, algunas provincias aún tienen como materia obligatoria “religión” (católica, claro) en sus escuelas de gestión estatal. Pero ese no es el eje de la discusión que quiero dar en este post, al menos por ahora (será el próximo, tal vez).

Lo que quiero discutir es la fuente que legitima ciertas opiniones, representadas fundamentalmente por el sector más conservador de la Iglesia Católica, en sus voces más resonantes y conocidas mediáticamente.  Me parece importante porque discuten la Ley, proponen no cumplir las leyes como alternativa educativa. Y tanto pesan estas voces, que a veces sirven como sustento a jueces y docentes para argumentar la “objeción de conciencia” (¡en un estado de derecho!) a la hora de ejecutar una Ley o enseñar Educación Sexual.

Claro que opinar podemos opinar todos sobre la educación, porque eso también la hace un bien público. Pero está claro que ninguno de nosotros, en tanto individuos o parte de un colectivo, podemos determinar qué se enseña en las materias de la educación común, primaria, secundaria o la que sea. Si queremos participar de debates, espacios de construcción curricular podemos hacerlo. De hecho en el 2006 siendo presidente Néstor Kirchner, se abrió un espacio de discusión popular que llegó a dar  forma a la actual Ley de Educación Nacional, una de las leyes más participativas y consensuadas que haya sido sancionada.

Pero nadie que no sea el Estado, a través de sus ministerios de educación nacional y provinciales puede decidir qué tiene que enseñar un maestro en el aula. (Por suerte! Imaginen la presión que algunas iglesias, empresas y corporaciones harían para imponer sus necesidades, mucho más de la que actualmente hacen).

Porque lo que se enseña en las materias es una norma a cumplir, lo aprueba cada Consejo General de Educación en las Provincias. Y nunca puede ir por el costado de las Leyes nacionales, menos aún estar en contradicción con estas. Entonces, cuando los referentes de la Iglesia Católica salen a criticar y a veces directamente recomendar no enseñar ciertos contenidos y materias, proponen desobedecer la Ley.

El Estado es el principal garante de la educación pública para todos. Eso quiere decir, por ejemplo, que las materias, la normativa, el reconocimiento de títulos y la estructura de la escuela es la misma para las escuelas de gestión estatal y las de gestión privada, para las escuelas que están en manos de confesiones católicas, evangélicas, judías, etc. Eso, entre otras cosas, hace que la educación sea común y pública.

Porque las familias educan en sus creencias, valores, tradiciones e idiosincrasia particulares, y es allí, en el seno privado de la familia donde puede decidirse educar a los hijos en alguna doctrina religiosa. Pero las familias no deciden qué se enseña en las aulas. Pueden elegir un proyecto institucional, una u otra oferta educativa, una u otra escuela. Pero la escuela como institución pública es la encargada y responsable de educar a la ciudadanía para la ciudadanía.

Entonces, por ejemplo, la Educación Sexual Integral no queda a criterio del docente, de los padres, de la Iglesia Católica u otras iglesias. Desde el año 2007, tal como lo dice la Ley 26.150, es obligación del Estado educar a la ciudadanía en estas cuestiones. Y la institución que tiene el Estado para eso es, justamente, la escuela. Por ende, es un derecho de los niños y jóvenes tener educación sexual integral en la escuela, y en tanto derecho es responsabilidad indelegable del Estado hacer que se cumpla.  Por eso, todas las escuelas, de todas las provincias TIENEN que dar en sus aulas Educación Sexual Integral.

Y desde la perspectiva que marca la Ley, que NADA tiene que ver con desaconsejar el uso de preservativos y condenar el matrimonio igualitario (¿les suena?). Para esto los equipos del Ministerio de Educación nacional han desarrollado excelentes y muy respetuosos contenidos y materiales didácticos.

Y no es tema de gustos, preferencias o principios: son la Ley de Educación Nacional. y la Ley de Educación Sexual Integral. Es la educación como bien público, y eso quiere decir de todos, como derecho y como responsabilidad.

Referentes de educación de la Iglesia Católica: la ciudadanía se contruye SIEMPRE, por acción u omisión. Por eso, en las escuelas, incluso en las suyas, incluso ustedes, todos hacemos política.

Pero sobre todo, como religión oficial y parte del Estado  -que también sostiene muchas de sus escuelas- todos tenemos que cumplir las leyes.

Queda un largo, muy largo camino por recorrer. Empecemos: Educación Sexual Integral en las escuelas para todos, que también somos todas.

¿Qué es un ciudadano?

Esta pregunta ha tenido muchas (y a veces contradictorias) respuestas. La ciudadanía -junto a los derechos y obligaciones asociados a ésta- fue distinta y correspondía a ciertos sujetos (por supuesto dejando fuera a otros) según el momento histórico y el modelo político.

¿Y qué es un ciudadano en Argentina 2011, año electoral por si fuera poco? Veamos y discutamos.

Se me ocurre que para Macri, por ejemplo, un ciudadano es claramente un contribuyente (y cuando digo Macri me refiero a todo el pensamiento político que él representa, que es mucho, pero mucho más amplio que la cantidad de gente que lo vota).

Entonces, cuando la ciudadanía se reduce a la condición de contribuyente, esta adquiere un carácter condicionado y necesariamente diferencial. Primero, porque quedan afuera todos los que no tienen capacidad de pagar/contribuir/tributar o cuantos sinónimos y eufemismos se usen para esto. Si los derechos y obligaciones que vienen con la ciudadanía dependen del “tributo”, pues entonces lo más probable es que se generen circuitos diferenciales de “ejercicio ciudadano”. La famosa frase “tengo derechos porque pago mis impuestos”, es una forma de reducir la ciudadanía a la posibilidad que tenga un sujeto como aportante. Esta sería una especie de “ciudadanía mercantilizada”, porque los derechos se incluyen en una lógica de mercado, donde se es ciudadano según se aporta, en tanto capacidad que legitima el consumo de “lo público”. El ciudadano es, por ende, un consumidor.

Un ejemplo claro de esto lo podríamos tener en las declaraciones de Macri refiriendo al uso de los hospitales públicos por parte de “gente que no es de la ciudad”; a su política de privatización de espacios culturales, a expresiones de sus funcionarios respecto a la necesidad de privatizar la escuela pública, y tantas otras declaraciones infelices que tuvimos que escuchar desde que gobierna la Ciudad.

Los servicios públicos deben ser para “quienes los sostienen con sus impuestos”, despojando la idea de lo público de cualquier asociación al ejercicio de derechos.

Otra forma de concebir la ciudadanía es aquella que la asocia en términos de beneficio, que sería la contracara de la anterior. Se basa en una idea que viene desde los 90, pero que aún sigue vigente en muchas expresiones de dirigentes políticos. La idea de beneficiario se sostiene en la necesidad de “políticas focalizadas”, que no apuntaban a ampliar o exigir derechos igualitarios para toda la ciudadanía, sino a “cubrir” en términos paliativos aquellas urgencias que dejaban a la porción más pobre de la población fuera de la satisfacción de necesidades básicas. Para esta concepción incluir a los ciudadanos a través del acceso a derechos básicos (como comida, atención sanitaria y escolar) no planteaba la distribución de recursos para lograr la inserción de estos sujetos como ciudadanos plenos. La propia denominación “beneficiarios” subordina a estos sujetos a una posición pasiva de receptores, dejándolos prácticamente sin capacidades o posibilidades para decidir, intervenir, organizarse o tomar responsabilidades en relación con el ejercicio pleno de derechos. Los beneficiarios no son “sujetos” de las políticas de Estado, sino “objeto” de las mismas. Dicho de otra forma, estas políticas focalizadas no apuntaban a incluir a los beneficiarios sino a otorgar, en el mejor de los casos, una ciudadanía "tutelada", que supone un receptor pasivo de "lo que hay".

Ejemplos de estas políticas pueden encontrarse en aquellas que se expandieron en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Duhalde (aún muy vigentes en  municipios  cuyos caudillos, coquetean en su mayoría con el  "Peronismo" Federal), muchas de ellas estructuradas en base al manejo discrecional de repartos punteriles (sirvan como ejemplo los bolsones de alimentos) que requerían la demostración explícita del carnet de pobreza, y dejaban al receptor sin posibilidad de intervenir.

Y por último, la concepción que vincula la condición de ciudadano a la de sujeto de derecho. En principio se diferencia de las dos anteriores porque no se define por la clase social. En segundo lugar, lleva implícita la capacidad de agencia (el poder hacer) del ciudadano y conlleva las responsabilidades asociadas al ejercicio de los derechos.

El sujeto de derecho concibe a la ciudadanía como una condición dinámica, dentro de un campo de conflicto social permanente, ya que su alcance y definición se  incluyen en la disputa política y económica por la distribución de los bienes sociales. Los derechos asociados a la ciudadanía también son dinámicos, en tanto no son "gentilmente"concedidos, sino que se construyen y son fruto de la organización popular , implicando muchas veces luchas sociales. Estos derechos conquistados definen los alcances de la ciudadanía en un momento histórico, y son los sujetos de derechos quienes pueden pugnar por ejercerlos, exigirlos y expandirlos.

 Quienes apostamos a la construcción de un modelo Nacional y Popular sabemos (como lo supieron quienes hicieron de la ampliación de derechos una política de Estado) que necesitamos ciudadanos que sean sujetos de derecho. Que accionen en pos de sus reivindicaciones sociales y sean responsables de las decisiones que pueden tomar en el ejercicio de su ciudadanía.

Por eso el voto femenino. Por eso los derechos del trabajador. Por eso la moratoria previsional, para los trabajadores sin aportes o con aportes insuficientes. Por eso la AUH, para los hijos de los trabajadores desocupados. Por eso la ley de matrimonio igualitario. Por eso la educación sexual integral en las escuelas.

Creo que no es difícil notar las diferencias de concepción entre estas políticas y las anteriormente mencionadas. Así como tampoco es tan difícil notar la diferencia entre quienes conciben al ciudadano como contribuyente/aportante/tributario, como beneficiario o como sujeto de derecho. Y son diferencias importantes compañeros, sustanciales, políticas. 

Y por eso a seguir por todo lo que nos falta, pero en ese sentido, siendo y asumiendo que todos los ciudadanos somos sujetos de derecho.