lunes, 10 de septiembre de 2012

La Hora de Aprender a Participar Participando

 Por Mariana Melgarejo, Antropóloga, co-autora de la materia Construcción de Ciudadanía
 Publicado 09/09/2012 en Miradas al Sur

El debate sobre la participación política de los jóvenes está en la agenda pública. Y es destacable que las posturas siempre se dividen hacia los mismos extremos.
La posibilidad de votar a partir de los 16 años se incluye en otro debate históricamente más amplio, que ha dividido aguas entre quienes consideran a los jóvenes con capacidad y derecho a ejercer ciudadanía y quienes conservan una perspectiva del ejercicio ciudadano tutelado. Curiosamente, quienes se oponen a esta medida no dudan en adosarla al pedido de una baja de la edad de imputabilidad, cometiendo un doble error: por un lado, desconocen que un joven ya es imputable a partir de los 16 años –de acuerdo al Decreto Ley 22.278– desde 1980. En segundo lugar, sostienen una representación de la juventud como peligrosa y negativizada sobre fuertes e históricos prejuicios, tanto de edad como de clase. Desde esta perspectiva, se equipara en el debate una medida que incluiría al total de los jóvenes con la situación de un porcentaje minoritario de los jóvenes en conflicto con la ley.
Pero también hay un desconocimiento mediático –no ingenuo– de la continuidad que representa esta iniciativa, que se muestra como un debate innecesario, como si hubiera cuestiones mucho más importantes para la sociedad. Desconocen, por ende, que este proyecto viene enmarcado en una serie de medidas, cuyo sentido más abarcativo es la ampliación de derechos como política de Estado. Y es posible, sobre todo, reconocer esa continuidad en quienes se oponen históricamente a todo lo que busque promover la participación política de los jóvenes, representados en el arco que reúne desde la centro-derecha partidaria hasta las posturas más conservadoras de la iglesia católica.
Y valgan como ejemplo sólo algunos de esos embates ideológicos.
Recientemente, se planteó como discusión si la participación y la militancia política eran o no potestad de los jóvenes en la escuela. Las posturas de quienes impugnaron la formación política dentro de los edificios escolares sostuvieron, de manera burda, que no se trataba de impedir la participación, sino de no dejar entrar ciertas expresiones políticas a la escuela.
Quienes defendemos la postura contraria consideramos que los jóvenes tienen formas de participación social a partir de sus propias prácticas. Y consideramos que la escuela no puede ignorar esas formas de participación, sino más bien tomarlas, resignificarlas críticamente y enseñar ciudadanía a partir de ellas. Impugnar una postura o una opinión que se da dentro de marcos democráticos no parece ser el camino para construir ciudadanía. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que esta discusión no la empezaron las falaces declaraciones del ministro Bullrich, sino más bien son la continuidad de otras que empezaron mucho antes, y se han dado en distintos temas.
Valga recordar el debate que provocó la materia de la secundaria bonaerense Construcción de Ciudadanía, a cuya crítica dedicó Monseñor Aguer todo su discurso de la Asamblea Católica en 2007. Poco después le tocó a otra materia, Política y Ciudadanía, a la cual se dedicaron varias páginas de diarios (cuya “pretensión adoctrinadora” fue retomada hace pocos días como antecedente por Ivan Petrella de la Fundación Pensar, mencionando erróneamente su nombre, llamándola “Democracia y Ciudadanía”).
Más cercano en el tiempo el mismo Aguer, representante educativo del catolicismo, arremetió con furibundas críticas hacia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, objetando que fuera tomado por las escuelas, aduciendo que debía ser un tema tratado en el seno familiar. (Paradójicamente, muchas escuelas religiosas movilizaron alumnos en micros, en ocasión de hacer campaña en contra de la ley de matrimonio igualitario, llenando las calles de Buenos Aires de chicos que entregaban folletos supuestamente en “defensa de la familia”. Parece que eso no era considerado “hacer política en la escuela”).
Desde otros sectores asumimos que recibir educación sexual es derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de las decisiones individuales y elecciones religiosas familiares. El Gobierno Nacional lo establece como contenido obligatorio de enseñanza, garantizado a partir de la Ley 26.150 y sostenido en el mencionado programa nacional.
Este desconocimiento de la continuidad política del debate tiene como efecto inmediato invisibilizar el sentido ideológico de la construcción de ciudadanía que proponen estas medidas. Porque creo que el trasfondo de la discusión es históricamente el mismo: la condición de ciudadanía juvenil y el miedo a la participación política de los jóvenes. El terror que produce a estos sectores la juventud movilizada, formada críticamente y aprendiendo a participar participando. El miedo a una juventud que vuelve a querer “hacer política”, que quiere ser parte activa de proyectos que los convocan, que quiere, en síntesis, ejercer ciudadanía.
Entonces, si miramos esa continuidad, el problema deja de ser una materia, una agrupación política o votar a los 16. El verdadero problema es que la demanda “que se vayan todos” empieza a ser claramente reemplazada por “tenemos que estar todos”. Y ese “todos” incluye especialmente a los jóvenes, que siempre hicieron política y fueron protagonistas de cambios sociales, siendo también las principales víctimas de los terrorismos de Estado. Por ende, si son y han sido protagonistas políticos, es hora de ampliar su posibilidad de tomar decisiones. Poder votar desde los 16 va claramente en ese sentido.
En mi opinión, es hora de aprender a participar participando.

lunes, 18 de junio de 2012

Universidad y ciudadanía



Muchas discusiones se abren actualmente sobre la universidad pública. Si sus carreras son pertinentes, si la docencia y la investigación son compatibles, si las condiciones de precarización de gran parte de los docentes pueden sostener la “excelencia académica”, si la producción científica da cuenta de las necesidades sociales, y tantas otras que hasta sería tedioso enumerar.
Y sería tedioso por la cantidad de temas, pero por sobre todo sería tedioso porque le interesa a poca gente. Y no es porque la gente (el pueblo) sea desaprensivo en relación a los organismos de Estado. Sino porque éste en particular, la universidad, no le es (y nunca le fue) propio, accesible, cercano, por ende muchos menos discutible.

La universidad es problema sólo de los universitarios.

Y aunque se viene trabajando mucho para abrir los candados que ella misma pone, la querida y valorada universidad pública, gratuita y estatal se las arregla para seguir imponiendo sus lógicas endémicas, excluyentes y autolegitimantes.
La vieja canción que hemos entonado todos quienes transitamos experiencias de militancia universitaria, nunca dejó de ser una enunciación de principios, siempre utópicos: universidad de los trabajadores es y fue un horizonte que se sabía, de entrada, inalcanzable.
Y creo que no es casual que los gobiernos representativos universitarios terminen dando cuenta de ese alejamiento entre pueblo y universidad, está en sus mitos fundacionales, en las antiguas y medievales academias. Lo que no se puede negar es que son de verdad representativos, no sólo en un sentido político, sino y principalmente cultural y de clase.
No porque los trabajadores no quieran acceder, tampoco porque la universidad cierre explícitamente sus puertas a “nadie”. Sino, simplemente, porque ambos sectores abdicaron las pretensiones, como consecuencia de reconocerse mutuamente inalcanzables.
¿Hasta cuándo se puede sostener una universidad cuyos mecanismos reproducen lógicas cuasi-feudales, legitimando -amparados en la “autonomía universitaria”- su lejanía del “estar siendo” popular, como diría Kusch? ¿Hasta cuándo se puede ser parte –por acción u omisión- de esos mecanismos que, de no ser por escasas voluntades individuales y comprometidas, reproduciría abiertamente los que Bourdieu llamó “cuarteles de nobleza cultural”?
La verdad es que, como miembro autocrítico de esa “elite” que se graduó en la universidad pública, y luego de haber ejercido la docencia en el mismo ámbito durante 15 años, creo que puedo y debo lanzar estas preguntas nuevamente, esta vez esperando que seamos capaces de dar la discusión en serio. Y no sólo como universitarios, sino como ciudadanos y como pueblo
Y si fuera posible con el pueblo, ya estaríamos dando un paso importante y genuino de apertura. Vamos por eso.

viernes, 23 de marzo de 2012

Derechos y Asignación Universal por Hijo: vengan de a uno.




En los últimos días, se han desatado “cuestionamientos”, con ningún asidero o rigurosidad, sobre la política que más distribuye ingresos en América Latina: la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Más allá de todo lo que se puede mejorar en relación a la comunicación, el trabajo territorial y la asistencia, no se puede negar, si no es desde el prejuicio, que este política mejora las condiciones, especialmente, de los sectores más pobres. Vamos a revisar qué se dijo.
En primer lugar, el Ministro de Salud de Corrientes salió a explicar un delito inculpando a las víctimas, afirmando que los embarazos de nenas de 10 y 12 años -productos de una violación, aunque esté demás aclararlo- se debían a la búsqueda de “un premio”, en la forma de políticas de Estado como la AUH.
Si bien ya ha sido repudiado públicamente por todo el arco político, lo temible de este tipo de declaraciones es que construyen sentido común basado en el prejuicio, y éste se generaliza al punto que termina siendo sostenido hasta por los propios sectores estigmatizados.
No hay más embarazadas que antes de la AUH, o al menos no hay ninguna estadística ni estudio que lo pruebe. Lo que sí hay es una obligación de inscribirse en el Plan Nacer, para las madres que quieren cobrar la AUH, lo que implica la realización de controles, análisis y registro de la situación de embarazo desde la semana doce. Si consideramos que en estos sectores las situaciones de embarazo llegaban mucho después al sistema de salud (en muchos casos, directamente a parir) este requisito implica que el Estado registra el embarazo, a la embarazada, mucho antes. Como ejemplo de este error, entre 2009 y 2010 se incrementó en un 71% la inscripción de niños en el Plan Nacer, y no hubo un aumento de "niños" del 71% entre un año y otro, hay más dentro del sistema de salud.
Entonces no es que haya más embarazos, hay más Estado. El Estado está desde los primeros meses acompañando a la futura mamá no sólo con la AUH, sino con el Plan Nacer.


Y como éramos pocos... Parieron Clarín y La Nazión.

Aparecieron con sendas notas relacionando la AUH con un “fracaso” en la retención educativa. Y entonces, hay que salir a explicar, desde donde se pueda, dos errores enormes, tendenciosos, nada ingenuos.
En primer lugar, nada sabemos de la metodología del estudio al que refieren, más que mencionaron “entrevistas a directivos de escuelas públicas y privadas”, lo que descarta la mitad de la muestra, ya que asistir a la mayoría de escuelas privadas excluye del cobro de la AUH. También se olvida mencionar que el informe en cuestión no llega a las mismas conclusiones que su director Iaies, de cuyas opiniones se desprende el título de la nota (cuyo compromiso social con la investigación me despierta grandes dudas).
Por otro lado, entrevistar a directivos hace recaer en el segundo error: la AUH, igual que el salario familiar, NO SON POLÍTICAS EDUCATIVAS.
Al igual que con el sistema de salud, asociar la AUH a la escolaridad mejora las condiciones y genera un escenario más propicio, sobre todo para los sectores más pobres, para garantizar el derecho a la educación, que es prerrogativa ineludible de la escuela. O sea, la exclusión o inclusión en el sistema educativo puede ser atendida por muchas políticas asociadas, pero la política educativa y las prácticas escolares son las que tienen el deber principal de sostener el derecho a la educación para toda la ciudadanía.
Con esto quiero decir que ninguna AUH, aunque fuera de mucho más dinero, podría modificar las prácticas excluyentes que siguen operando en las escuelas, en especial para los chicos de sectores pobres. Cualquiera que trabaje en educación podrá encontrar más de un ejemplo de rechazo y resistencia ante la obligación que impuso al sistema educativo la AUH: brindar educación a “estos” chicos. Y el que me diga que las escuelas (o sea, docentes y directivos) abrieron sus puertas emocionadas ante la llegada, gracias a la AUH, de chicos que habían sido expulsados -básicamente por condicionantes económicos y sociales- está siendo, por lo menos, hipócrita. Más de un docente, convencido de su tarea y lo que ella implica, habrá tenido que discutir con la mayoría de sus compañeros buscando que entiendan que, con AUH o sin ella, los pibes tienen que estar en la escuela porque es SU DERECHO. 
Que un informe diga que la AUH no resuelve la inclusión educativa, es que como que alguien me diga que la educación no resuelve la desigualdad económica. Y no, en ninguno de los dos casos es el objeto principal, la especificidad de la política en cuestión, si bien ambas mejoran las condiciones para que lo siguiente suceda.
Por ende, dejen de pegarle a la AUH sin datos, con mentiras o con prejuicios. Si pegan, peguen bien, porque tenemos con qué defenderla.

* Las imágenes de este post fueron extraídas de la página del Plan Nacer  
http://www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/pages/preguntas-frecuentes-asignacion-universal-por-hijo