lunes, 10 de septiembre de 2012

La Hora de Aprender a Participar Participando

 Por Mariana Melgarejo, Antropóloga, co-autora de la materia Construcción de Ciudadanía
 Publicado 09/09/2012 en Miradas al Sur

El debate sobre la participación política de los jóvenes está en la agenda pública. Y es destacable que las posturas siempre se dividen hacia los mismos extremos.
La posibilidad de votar a partir de los 16 años se incluye en otro debate históricamente más amplio, que ha dividido aguas entre quienes consideran a los jóvenes con capacidad y derecho a ejercer ciudadanía y quienes conservan una perspectiva del ejercicio ciudadano tutelado. Curiosamente, quienes se oponen a esta medida no dudan en adosarla al pedido de una baja de la edad de imputabilidad, cometiendo un doble error: por un lado, desconocen que un joven ya es imputable a partir de los 16 años –de acuerdo al Decreto Ley 22.278– desde 1980. En segundo lugar, sostienen una representación de la juventud como peligrosa y negativizada sobre fuertes e históricos prejuicios, tanto de edad como de clase. Desde esta perspectiva, se equipara en el debate una medida que incluiría al total de los jóvenes con la situación de un porcentaje minoritario de los jóvenes en conflicto con la ley.
Pero también hay un desconocimiento mediático –no ingenuo– de la continuidad que representa esta iniciativa, que se muestra como un debate innecesario, como si hubiera cuestiones mucho más importantes para la sociedad. Desconocen, por ende, que este proyecto viene enmarcado en una serie de medidas, cuyo sentido más abarcativo es la ampliación de derechos como política de Estado. Y es posible, sobre todo, reconocer esa continuidad en quienes se oponen históricamente a todo lo que busque promover la participación política de los jóvenes, representados en el arco que reúne desde la centro-derecha partidaria hasta las posturas más conservadoras de la iglesia católica.
Y valgan como ejemplo sólo algunos de esos embates ideológicos.
Recientemente, se planteó como discusión si la participación y la militancia política eran o no potestad de los jóvenes en la escuela. Las posturas de quienes impugnaron la formación política dentro de los edificios escolares sostuvieron, de manera burda, que no se trataba de impedir la participación, sino de no dejar entrar ciertas expresiones políticas a la escuela.
Quienes defendemos la postura contraria consideramos que los jóvenes tienen formas de participación social a partir de sus propias prácticas. Y consideramos que la escuela no puede ignorar esas formas de participación, sino más bien tomarlas, resignificarlas críticamente y enseñar ciudadanía a partir de ellas. Impugnar una postura o una opinión que se da dentro de marcos democráticos no parece ser el camino para construir ciudadanía. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que esta discusión no la empezaron las falaces declaraciones del ministro Bullrich, sino más bien son la continuidad de otras que empezaron mucho antes, y se han dado en distintos temas.
Valga recordar el debate que provocó la materia de la secundaria bonaerense Construcción de Ciudadanía, a cuya crítica dedicó Monseñor Aguer todo su discurso de la Asamblea Católica en 2007. Poco después le tocó a otra materia, Política y Ciudadanía, a la cual se dedicaron varias páginas de diarios (cuya “pretensión adoctrinadora” fue retomada hace pocos días como antecedente por Ivan Petrella de la Fundación Pensar, mencionando erróneamente su nombre, llamándola “Democracia y Ciudadanía”).
Más cercano en el tiempo el mismo Aguer, representante educativo del catolicismo, arremetió con furibundas críticas hacia el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, objetando que fuera tomado por las escuelas, aduciendo que debía ser un tema tratado en el seno familiar. (Paradójicamente, muchas escuelas religiosas movilizaron alumnos en micros, en ocasión de hacer campaña en contra de la ley de matrimonio igualitario, llenando las calles de Buenos Aires de chicos que entregaban folletos supuestamente en “defensa de la familia”. Parece que eso no era considerado “hacer política en la escuela”).
Desde otros sectores asumimos que recibir educación sexual es derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de las decisiones individuales y elecciones religiosas familiares. El Gobierno Nacional lo establece como contenido obligatorio de enseñanza, garantizado a partir de la Ley 26.150 y sostenido en el mencionado programa nacional.
Este desconocimiento de la continuidad política del debate tiene como efecto inmediato invisibilizar el sentido ideológico de la construcción de ciudadanía que proponen estas medidas. Porque creo que el trasfondo de la discusión es históricamente el mismo: la condición de ciudadanía juvenil y el miedo a la participación política de los jóvenes. El terror que produce a estos sectores la juventud movilizada, formada críticamente y aprendiendo a participar participando. El miedo a una juventud que vuelve a querer “hacer política”, que quiere ser parte activa de proyectos que los convocan, que quiere, en síntesis, ejercer ciudadanía.
Entonces, si miramos esa continuidad, el problema deja de ser una materia, una agrupación política o votar a los 16. El verdadero problema es que la demanda “que se vayan todos” empieza a ser claramente reemplazada por “tenemos que estar todos”. Y ese “todos” incluye especialmente a los jóvenes, que siempre hicieron política y fueron protagonistas de cambios sociales, siendo también las principales víctimas de los terrorismos de Estado. Por ende, si son y han sido protagonistas políticos, es hora de ampliar su posibilidad de tomar decisiones. Poder votar desde los 16 va claramente en ese sentido.
En mi opinión, es hora de aprender a participar participando.

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